El Archivo Histórico de Protocolos de Madrid: una fuente básica para la reconstrucción de la historia

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid

El Archivo Histórico de Protocolos de Madrid es el centro de titularidad estatal y gestión transferida a la Comunidad de Madrid que custodia los protocolos centenarios de los distritos notariales de la provincia de Madrid y de los Consulados de España en el extranjero. También custodia parte de los registros de las antiguas Contadurías de Hipotecas de la provincia de Madrid (partidos judiciales de Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias).

El Archivo Histórico de Protocolos está considerado como una fuente básica para la reconstrucción de la historia de Madrid y de España, y tiene el reconocimiento del mundo científico. Desde el punto de vista social, es de los más importantes de Europa (los primeros documentos que se conservan en él datan de 1504). Al ser Madrid sede de la Corte desde 1561, acudieron cortesanos de toda Europa que dejaron su huella en múltiples documentos (contratos, testamentos, etc.). El valor e interés de los fondos que alberga es incalculable sobre todo por su carácter de testimonio y garantía de los derechos de los ciudadanos. 

Los fondos del Archivo Histórico de Protocolos 

La legislación en la Edad Moderna imponía la intervención del escribano en casi todos los actos de la vida privada o social de la época. También era frecuente acudir al notario, por lo que han llegado hasta nuestros días documentos importantes para la historia económica (precios, actividades mercantiles e industriales) o para la historia social, tanto rural como urbana (estructuras y clases sociales, régimen de la propiedad, régimen laboral, composición de la familia, mortalidad, etc.).

Las escrituras notariales nos ayudan a conocer la vida privada de los madrileños de entonces, cómo vivían, cómo eran sus hogares, los enseres domésticos que poseían, sus costumbres, etc. Todo ello se conoce gracias a los testamentos e inventarios de bienes. 

Los escribanos públicos intervenían en muchos más actos jurídicos que los notarios actuales, puesto que hasta la Ley del Notariado de 1862 tenían duplicidad de funciones: judicial y extrajudicial. Por eso, cualquier asunto importante pasaba ante el escribano que debía dar forma documental a una amplia gama de situaciones y negocios jurídicos. Por este motivo, en los protocolos notariales existe una gran variedad de tipos de documentos (poderes, arrendamientos, ventas, donaciones y renuncias, fianzas, cartas de pago, emancipaciones, tutorías, estatutos de limpieza de sangre, informaciones de hidalguía o de cautiverio, cartas de horro, ordenanzas gremiales, testamentos, patentes de invención, derechos de autor, etc.). 

El Sistema Notarial de Archivos

En la actualidad, los notarios conservan los documentos hasta los 25 años de antigüe­dad, momento en el cual son transferidos a los archivos generales de los distritos notariales o de los colegios profesionales. Cuando cumplen 100 años los protocolos se remiten desde los archivos generales a los archivos históricos, siendo desde este momento de acceso público para cualquier ciudadano. Antes de los 100 años, los notarios pueden permitir el acceso a una determinada escritura pública contenida en el protocolo, siempre que demuestren ser partes interesadas con derechos adquiridos, sus herederos o causahabientes.

Debido al Decreto de 12 de noviembre de 1931, los protocolos con más de 100 años empezaron a tener carácter de fuente para la historia. Estos se ponían a disposición de los ciudadanos bajo la custodia de los profesionales de la época, es decir, bajo el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Por otro lado, los protocolos posteriores al año 1918 se encuentran custodiados en el Archivo General de Protocolos, centro dependiente del Colegio Notarial de Madrid.

Historia del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid

Hasta el 23 de noviembre de 2015, el Archivo Histórico de Protocolos estuvo situado en el número 4 de la calle Alberto Bosch. En 1886, el Ministerio de Gracia y Justicia le encargó al arquitecto Joaquín de la Concha Alvalde que lo construyera. 

En 1933 se inauguró el Archivo con la deno­minación actual. A partir de entonces las competencias sobre el Archivo correspondían al Ministerio de Educación, que, con sus distintas denominacio­nes, las fue ejerciendo hasta que en 1977 se creó el Ministerio de Cultura en 1977. En la actualidad, aunque los documentos mantie­nen la titularidad estatal, la gestión sobre el Archivo ha sido transferida a la Comunidad de Madrid por el Real Decreto 680/1985.

A día de hoy, el Archivo Histórico de Protocolos está catalogado como edificio histórico de Madrid y cuenta con una protección de nivel 1. El edificio está realizado en piedra granítica, ladrillo y hierro fundido y su decoración sencilla contribuye a su imagen ecléctica. 

Antecedentes del Archivo Histórico de Protocolos

En el siglo XVIII se estableció en Madrid el Archivo de Escrituras Públicas (antecedente del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid). Carlos III creó este archivo, a través de la Real Cédula del 5 de marzo de 1765, para recoger los protocolos dispersos de escribanos fallecidos que estaban en manos de comunida­des y de personas particulares. Vicente García Trío fue nombrado archivero y por auto del Consejo de Castilla se establecieron las reglas para el régimen del archi­vo. 

Desde 1853, Manuel de Epalza y Pardo se encargó del archivo hasta que cesó el 21 de noviembre de 1868 y fue sustituido por el notario José María Valverde. Manuel de Epalza, que fue el último responsable del archivo nombrado por el Ayuntamiento de Madrid, hizo un Catálogo cronológico de los 9.576 protocolos reunidos hasta entonces y una Memoria (1858), en la cual explicaba los trabajos realizados. En 1859 finalizó el segundo tomo del Catálogo general de los escribanos rea­les, notarios del reino y del Ilustre Colegio de esta Corte, en el que quedan registrados 591 protoco­los más.

En 1870, la responsabilidad sobre el archivo fue transferida al Estado (al Ministerio de Justicia) y Manuel de la Fuente fue nombrado notario-archivero de distrito. Desde entonces se conservan en el archivo dos tomos que contienen la Memoria citada y los Catálogos.

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